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El Congreso aprueba definitivamente la ‘ley Zerolo’ para combatir la discriminación

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves definitivamente la ley de igualdad de trato y no discriminación, más conocida como ‘ley Zerolo’ en referencia al fallecido diputado socialista Pedro Zerolo, uno de sus impulsores. El Pleno ha dado luz verde a todas las enmiendas del Senado, por lo que la proposición –registrada en solitario por el PSOE– culmina así su tramitación parlamentaria y queda lista para entrar en vigor.

Esta norma establece que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial, o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, estado de salud, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Para ello contempla sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros. También tipifica el antigitanismo y la aporofobia (el odio al pobre), lo que se podría castigar con penas de uno a cuatro años de prisión.

Una ley para garantizar los derechos que ya existen

Asegura el texto que es una ley de garantías que «no pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya existen«, de forma que desarrolla el artículo 14 de la Constitución e incorpora la jurisprudencia constitucional que hay al respecto.

La ley establece medidas para evitar, entre otras, la discriminación laboral, sanitaria, en el acceso a una vivienda o en el ámbito educativo y determina que en ningún caso podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública los centros que excluyan a personas o grupos por alguna de las causas establecidas en la ley.

Establece un régimen de infracciones y sanciones «proporcionado y razonable, que permite una compensación real a las víctimas de discriminación» que van desde los 300 a los 500.000 euros: leves, entre 300 y 10.000 euros; graves, entre 10.001 y 40.000 euros; muy graves entre 40.001 y 500.000 euros.

PSOE: «Es un día grande para la igualdad»

En el transcurso del debate en el Pleno de la Cámara baja, la diputada del PSOE Beatriz Micaela Carrillo ha asegurado que este jueves «es un día grande para la igualdad» y se ha congratulado de que «por fin» España da «un paso definitivo» para la aprobación de esta ley «después de diez años».

«Tenemos que felicitarnos todos, porque estamos sacando una de las leyes más necesarias y justas, que marcará un nuevo horizonte en la historia democrática de España», ha sentenciado, para mostrar su «reconocimiento» a las «fuerzas activistas» y organizaciones sociales que han «luchado» por hacer realidad esta norma tras un «apasionante y arduo camino».

La diputada ha puntualizado, por otro lado, que «sin el PSOE» la tipificación del antigitanismo como delito de odio «no se hubiera incluido, le pese a quien le pese».

El diputado Ismael Cortés (Unidas Podemos) ha recordado que la nueva ley traspone al ordenamiento jurídico español una directiva europea en esta materia «que hasta hoy no había alcanzado una concreción legal en nuestro país» y ha advertido de que, aunque los principios de igualdad, libertad y dignidad «parecen asentados, aún nos queda mucho por hacerlos efectivos en las sociedades contemporáneas«, como, a su entender, se puso de manifiesto la semana pasada tras el salto de la valla de Melilla.

También la diputada María Carvalho (ERC) ha asegurado que «parece una broma de mal gusto» la votación de las enmiendas tras la «masacre genocida de Melilla» y lamentó que el texto «no protege a todas las personas», en una muestra de «espantoso racismo institucional»,

Por el PP, la diputada Maria Auxiliadora Pérez ha admitido que su formación ha «compartido la filosofía» de esta Ley «desde el inicio», al considerar la «necesidad de contar con una normativa transversal contra la discriminación», si bien no le «vale cualquier texto», sino uno «riguroso que conjugue las políticas contra la discriminación con la seguridad jurídica y la libertad individual de los ciudadanos», razón por la que presentó más de 60 enmiendas de las que «apenas» se han aceptado «algunas».

Desde Ciudadanos, Sara Giménez, ha reconocido que «ya es hora de poder contar con una ley de igualdad de trato y no discriminación y de que nos tomáramos en serio el abordaje de la lucha contra la discriminación en España», resaltando que «los organismos internacionales nos han tirado de las orejas».

Por Vox, la diputada Lourdes Méndez ha señalado que, tras su paso por la Cámara Alta, el «espíritu» de la ley «continúa intacto», al igual que los «atentados» contra los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad y derechos fundamentales como el derecho a la propiedad privada o el de los padres a educar a sus hijos «según sus convicciones», dado que, a su entender, también «ataca a los colegios concertados».

Discrepancias en el Gobierno de coalición

La tramitación de la ley salió adelante en febrero de 2021 con la abstención de Unidas Podemos. El texto encendió la polémica entre los dos socios de gobierno, ya que ambos grupos habían decidido presentarla juntos y el Ministerio de Igualdad ya estaba trabajando en ello cuando el PSOE registró el documento en la Cámara baja. Desde el departamento dirigido por Irene Montero consideraron que la ley no sería efectiva en la lucha contra el racismo al no tener en cuenta a las personas en situación irregular. Podemos dijo entonces que su intención no era impedir la tramitación de la propuesta socialista, sino evidenciar que el pacto con el PSOE implicaba un paquete legislativo completo contra la discriminación.

Por otro lado, han sido necesarios cuatro intentos legislativos frustrados y más de un año de negociaciones entre partidos y de tramitación parlamentaria para que la proposición de ley socialista vea la luz.

De este modo, el texto ha sido sometido a varias enmiendas, como la que incluía la reforma penal para sancionar el antigitanismo. La pasada semana, el Senado también acordó incluir en la ley el refuerzo en la lucha contra la segregación escolar por motivo socioeconómicos, de sexo, raza o enfermedad, así como un nuevo punto para obligar a las páginas web y aplicaciones informáticas a ser accesibles para personas con discapacidad y mayores.

Además, una de las principales novedades de la ‘ley Zerolo’ es que invierte la carga de la prueba, de forma que tiene que ser el acusado el que acredite que no ha discriminado. Y crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, que dará asistencia a las víctimas, podrá iniciar de oficio o a instancias de terceros investigaciones y reabrir causas judiciales archivadas.

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