El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el proyecto de ley de derechos LGTBI y tras, que contiene un cambio clave para las organizaciones de este colectivo, que es la autodeterminación del sexo registral con la única voluntad de la persona solicitante. El texto de la ley permitirá dicho cambio sin la obligación de someterse a dos años de tratamiento hormonal ni un certificado médico que acredite sufrir una disforia de género, como es preceptivo hasta ahora, sin la necesidad de testigos ni otro medio de prueba.
El texto aprobado contiene algunos cambios que mejoran la ley desde que fue aprobado su primer borrador por el Gobierno en junio de 2021, aunque el texto completo no se ha hecho público hasta el momento de su presentación.
El texto para una ley de derechos LGTBI y trans llega de vuelta al Consejo de Ministros justo un año después de que el Ejecutivo aprobara el primer borrador, el 29 de junio de 2021 coincidiendo, como ahora, con la celebración del Orgullo.
La norma, que ahora queda lista para iniciar su tramitación en el Parlamento, no ha estado exenta de polémicas y desencuentros entre los socios de Gobierno y parte del movimiento feminista. La presentación de la norma en primera vuelta al Consejo de Ministros en 2021 fue retrasada por desencuentros entre el Ministerio de Igualdad y Justicia y el Partido Socialista, socio mayoritario en el Ejecutivo, que vertió duras críticas hacia el hecho de que el texto contemplara la autodeterminación del sexo registral sin más requisitos que la voluntad de las personas trans de cambiar su sexo en el DNI. Los Socialistas se opusieron a la inclusión de esta autodeterminación sin que se contemplara algún tipo de «garantía jurídica» y cuestionaban algunos preceptos que contenía la norma en relación al tratamiento de los menores trans.
Las discrepancias se allanaron una vez que la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, saliera del Ejecutivo y que Igualdad introdujera algunos matices en el anteproyecto. Por ejemplo, el hecho de que las personas trans que soliciten el cambio de sexo en el registro tengan que volver a confirmarlo transcurridos tres meses desde la solicitud. Otra de las concesiones para el acuerdo fue que habría una única ley de derechos LGTBI y trans, y no en dos separadas como quería el ministerio que dirige Irene Montero.
El texto propuesto por Igualdad y aprobado este lunes por el Gobierno, nace de una larga reivindicación de los movimientos LGTBI, que exigían la des patologización de las personas trans y una serie de derechos a nivel nacional para este colectivo, que en la actualidad cuenta sólo con leyes regionales y que son dispares.
Montero avanzó que el texto que irá al Parlamento no ha sufrido grandes cambios en los «derechos fundamentales» con respecto al primer borrador. Entre los derechos que garantizará la nueva ley al colectivo LGTB, figuran un par de medidas clave largamente reclamadas por lesbianas y bisexuales. El texto garantiza el acceso de lesbianas y mujeres solas a tener acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, equiparando éste al que ya tienen las mujeres casadas o con pareja heterosexual demostrada. El texto también contemplará la prohibición de cualquier tipo de terapia de aversión, conversión, contra condicionamiento o cualquier otra actuación destinada a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas.
La norma reconocerá, además, la filiación de las hijas e hijos de las parejas de lesbianas y bisexuales sin necesidad de que deban antes haber contraído matrimonio, una discriminación que se arrastraba hasta nuestros días.
Una vez aprobado por el Consejo de Ministros que se ha adelantado a este lunes, el texto iniciará el trámite parlamentario, donde podrá sufrir aún modificaciones y mejoras antes de ser aprobado.
